El jurista, Jorge Hernán Zapata Vargas, admitió que las “imprecisiones” procedían “posiblemente” de una herramienta de inteligencia artificial y el alto tribunal ha remitido el caso a la disciplina judicial.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha impuesto una multa de 26 millones de pesos colombianos al abogado Jorge Hernán Zapata Vargas por presentar un recurso judicial que incluía normas mal citadas y sentencias inexistentes, que el propio letrado atribuyó a contenido generado con inteligencia artificial. La decisión, conocida esta semana, concluye que el profesional actuó con temeridad procesal al basar su escrito en referencias que no aparecen en los sistemas oficiales de consulta.
Según el fallo recogido por la Agencia EFE, la sala verificó una a una las providencias invocadas y constató que ninguna figuraba en los repertorios institucionales. Tras esa comprobación, el abogado reconoció que las inconsistencias fueron consecuencia “posiblemente de un programa de Inteligencia Artificial” utilizado para agilizar trámites, una explicación que, para el tribunal, no reduce la responsabilidad profesional de quien firma el recurso.
La Corte subraya que la obligación de verificar las fuentes es indelegable, incluso cuando se recurre a herramientas tecnológicas. En otras palabras, el uso de sistemas generativos no puede convertirse en una coartada para incorporar al expediente material no contrastado. El fallo advierte del riesgo de introducir en los procesos lo que denomina “pseudo derecho”, contenidos que aparentan ser jurisprudencia real pero que, en realidad, no existen.
Multa y sanción disciplinaria
El caso llegó al alto tribunal en el marco de un recurso extraordinario de revisión contra un fallo del Tribunal Superior de Villavicencio. La Sala de Casación competente concluyó que el escrito no solo citaba decisiones inventadas, también reproducía disposiciones legales con un contenido que no se correspondía con su texto auténtico, un tipo de error especialmente delicado en un procedimiento que exige precisión quirúrgica.
Además de la sanción económica, la Corte ordenó remitir lo actuado a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que determine si la conducta del abogado constituye una falta disciplinaria y, en su caso, imponga nuevas medidas. El movimiento refuerza la idea que los tribunales quieren dejar por escrito, la innovación tecnológica es compatible con el ejercicio del Derecho, pero no con la relajación del estándar de diligencia.
La resolución se lee también como una señal al conjunto del sector jurídico, en Colombia y fuera. En los últimos meses, distintos tribunales han empezado a reaccionar ante escritos contaminados por “alucinaciones” de herramientas generativas, con sanciones e investigaciones. La preocupación de fondo no es el uso de la IA en sí, sino su empleo como atajo sin control en documentos que afectan a derechos, plazos y garantías procesales.
La Inteligencia Artificial y la supervisión humana
El precedente encaja con un debate creciente dentro del propio sistema judicial colombiano. En 2025, la Corte Suprema ya había llamado la atención sobre el impacto de las citas falsas en decisiones judiciales, al anular una providencia por apoyarse en jurisprudencia inexistente.
El mensaje ahora se traslada al litigante que lleva esas referencias al expediente, el problema no es solo tecnológico, también es de ética profesional y verificación.
