En la Base Aérea de Albacete, una microempresa dedicada a vender equipamiento para motoristas se ha convertido en proveedor de material sensible para aviones militares. Sobre el papel todo cuadra, pero la elección de JORPERACING S.L. por parte del Ministerio de Defensa ha encendido las alarmas entre técnicos del sector. La frase que más se repite es sencilla y bastante humana, algo no huele bien cuando una tienda de motos compite con fabricantes aeronáuticos de toda la vida.
Bajo la dirección política de Margarita Robles, Defensa defiende su sistema de contratación, pero varios expedientes gestionados por la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 23 en Albacete están ahora bajo lupa. La combinación de una diferencia económica mínima con empresas industriales, la exclusión de otros licitadores y la repetición de la misma empresa ganadora en contratos técnicos ha alimentado sospechas sobre cómo se toman estas decisiones dentro de la base.
Qué se ha contratado exactamente
El primer contrato cuestionado se refiere al suministro de escaleras móviles con plataforma para tareas de mantenimiento. No se trata de escaleras de almacén, sino de equipos adaptados a la forma de fuselajes militares, desde cazas como el Eurofighter Typhoon hasta aviones anfibios de extinción de incendios como el Canadair CL 415. La clave está en que estas estructuras deben acercarse al avión sin dañarlo y permitir que los mecánicos trabajen con seguridad a varios metros de altura.
En un entorno militar, estas plataformas incluyen materiales de alta resistencia, sistemas que protegen las superficies sensibles y suelos preparados para soportar fluidos hidráulicos y otros productos específicos. Si una pieza falla, el riesgo no es solo económico, también puede afectar al mantenimiento de aeronaves que salen a misiones reales. Por eso llama la atención que el contrato haya ido a parar a una microempresa sin trayectoria conocida en fabricación aeronáutica, según la información difundida por Moncloa.
Una oferta ganadora por un margen mínimo
Los expedientes revisados muestran que uno de los competidores industriales perdió frente a JORPERACING S.L. por una diferencia de apenas mil cuatrocientos cinco euros. En números absolutos no es una brecha enorme, pero en un contrato técnico puede marcar la diferencia entre un proveedor especializado y otro que llega desde un sector ajeno. Fuentes del sector se preguntan si esa rebaja es suficiente para asumir los requisitos de diseño, certificación y pruebas que exige el equipamiento de tierra para aviones militares.
El proceso, además, dejó fuera a otros licitadores por errores en la documentación. Sobre el papel es un motivo válido, ya que la contratación pública exige burocracia precisa y plazos estrictos. Sin embargo, el resultado final tiene un efecto curioso, la empresa con menos experiencia visible en aeronáutica fue la única que presentó una oferta que cumplía todos los requisitos formales y se llevó el contrato.
Segundo contrato y ausencia de competencia real
La historia no termina en las escaleras técnicas. Un segundo expediente, centrado en el suministro de soportes de plano para aeronaves contraincendios, volvió a adjudicarse a la misma empresa por un importe cercano a los veintisiete mil euros. Esta vez la situación fue aún más llamativa, solo se presentó una oferta y esa oferta fue la de JORPERACING S.L.
La ausencia de competencia real en un contrato de material sensible para aviones que combaten incendios alimenta las dudas sobre el sistema de compras. Expertos consultados señalan que, cuando los proveedores habituales del sector dejan de presentarse, quizá perciben que el terreno no es tan abierto como debería. Moncloa recoge estas preocupaciones y apunta a la posibilidad de que las reglas de juego, sin llegar a ser ilegales, estén desincentivando a empresas con mayor capacidad industrial.
Recursos públicos, seguridad y próximos pasos
En paralelo a los contratos, fuentes próximas al entorno militar han señalado posibles irregularidades en la Maestranza Aérea de Albacete. Según estas fuentes, se habrían utilizado instalaciones y recursos públicos para trabajos vinculados a intereses privados, algo que, de confirmarse, podría tener consecuencias administrativas e incluso penales. Por ahora no consta una investigación judicial abierta, pero el simple hecho de que estas sospechas circulen ya genera malestar entre los trabajadores y representantes sindicales.
Más allá del ruido político, el caso toca un punto sensible, quién controla la calidad de los suministros que sostienen el día a día de aviones militares y de emergencias. El equipamiento de tierra no vuela, pero sostiene escaleras, soportes y estructuras sobre las que se suben mecánicos y pilotos, y un fallo puede complicar tanto una misión como una avería. Lo que se decida ahora en la Base Aérea de Albacete puede marcar un precedente sobre cómo se evalúan las ofertas en contratos críticos y qué garantías tienen las empresas, grandes o pequeñas, cuando optan a estos expedientes.
La información principal se ha publicado en el medio digital Moncloa.com.
